La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paola Vargas, presentó una iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos que representa el entorno digital, dentro y fuera de las escuelas.
La propuesta reforma las leyes de Educación; de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal de Nayarit. De acuerdo a la diputada, la reforma propone responder a una realidad que ya nos alcanzó: el uso sin control de dispositivos móviles, la exposición temprana a redes sociales y el grooming digital.
“Las pantallas ya forman parte de la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema es que la ley tiene vacíos para atender los riesgos que ahí se incuban. Protegerlos exige poner reglas claras en el mundo digital”, señaló la legisladora.
La iniciativa plantea prohibir el uso de celulares personales durante el horario escolar en todas las escuelas de educación básica y media superior del estado, salvo en tres casos: actividades pedagógicas autorizadas, emergencias o necesidades médicas acreditadas.
También obliga a las escuelas a contar con protocolos para prevenir, detectar y atender casos de ciberacoso y contacto sexual digital de adultos con alumnos, con mecanismos de denuncia ante la Fiscalía y acceso a atención psicológica.
En materia de redes sociales, la propuesta establece que menores de 15 años no podrán crear cuentas en estas plataformas y que, de los 15 a los 17 años, se requerirá consentimiento expreso y verificable de madres, padres o tutores.
Paola Vargas subrayó que la discusión debe darse con seriedad, porque la iniciativa está soportada con datos que no pueden ignorarse: 9 de cada 10 adolescentes en nuestro estado usan teléfono celular, y 1 de cada 5 personas usuarias de internet en el estado ha vivido ciberacoso.
La reforma también propone crear en el Código Penal el delito de contacto sexual digital con personas menores de edad, más conocido como grooming digital, para sancionar a quien busque obtener imágenes sexuales, solicitar encuentros, exigir actos sexuales o facilitar formas de explotación mediante redes sociales, mensajería o plataformas digitales. La pena prevista va de 4 a 8 años de prisión, con agravantes en casos específicos.
“Necesitamos que la ley prevenga. Hoy las infancias están expuestos a agresores que operan desde una pantalla y el Estado no puede estar reaccionando con vacíos legales”.
Paola Vargas afirmó que la iniciativa busca abrir una conversación de fondo, con madres y padres de familia, docentes, especialistas e instituciones, pero dejando clara una prioridad: la protección de la niñez debe estar por encima de la comodidad de seguir sin reglas.