Por: ✍🏼Alejandro Almanza Aguilar👨🏽💻
En un giro inesperado que sacude el panorama político de Nayarit, Mirtha Villalbazo, la presidenta con licencia, se encuentra en una encrucijada legal que ha eclipsado su carrera política. Desde abril, sus derechos políticos electorales han sido suspendidos, un revés que le impide ser candidata en cualquier escenario, ya sea plurinominal o por representación popular.
La justicia parece haberle cerrado las puertas, con un juez federal del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal negándole en mayo la suspensión definitiva que solicitó a través de un juicio de amparo para recuperar sus derechos electorales. Esta decisión judicial no solo refleja la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ella, sino también la firmeza con la que el sistema judicial está abordando el caso.
Además, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Guadalajara ha desechado la demanda interpuesta por Villalbazo, lo que parece ser la estocada final a sus aspiraciones políticas1. La situación de Villalbazo es un recordatorio contundente de que nadie está por encima de la ley y que la integridad en el servicio público es un pilar fundamental de nuestra democracia.
La figura de Villalbazo, ahora prófuga de la justicia, se desvanece en el horizonte político, dejando tras de sí un rastro de interrogantes sobre el futuro de su partido y la representación política en Bahía de Banderas. ¿Quién ocupará su lugar? ¿Cómo se reconfigurará el tablero político a raíz de este acontecimiento? Son preguntas que resuenan en los corredores del poder y en las conversaciones de los ciudadanos.
Mientras tanto, el IEEN ha confirmado la suspensión de sus derechos político-electorales, y la Fiscalía General de Nayarit continúa su investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, intimidación y privación ilegal de la libertad. La justicia sigue su curso, y la política, su reajuste, en un escenario donde la legalidad y la ética deben guiar el camino.
Este caso es un claro ejemplo de cómo las acciones y decisiones de los servidores públicos tienen consecuencias reales y duraderas, no solo en sus carreras sino en la confianza del público en sus instituciones.
La caída de Villalbazo es una lección para todos en el servicio público: la responsabilidad y la transparencia no son opcionales, son obligatorias.