El gobierno de Nayarit anunció la extinción de 3,851 concesiones de transporte público que presentaban irregularidades o se utilizaban para fines ilícitos, como la venta o el traspaso, lo cual está prohibido por la ley.
Esta es la primera vez en la historia del estado que se toma una medida de esta magnitud, que busca ordenar y regularizar el servicio de transporte público, así como combatir la corrupción y el fraude que se ha detectado en este sector.
El gobernador Miguel Ángel Navarro reveló que se detectaron casos de personas que ni siquiera tenían un permiso para operar una concesión, o que ya no eran los dueños legítimos de las mismas, pues las habían vendido o cedido a terceros.
También informó que en 2017 se registró la desaparición de expedientes de concesionarios, debido a la falta de digitalización y control de los documentos.
Ante esta situación, el gobierno estatal emitió un decreto el pasado 10 de noviembre, mediante el cual se homologaron los padrones de movilidad y de finanzas, y se estableció un plazo de 10 días hábiles para que los concesionarios acreditaran la legalidad y vigencia de sus permisos.
Sin embargo, 3,851 concesiones no cumplieron con este requisito, por lo que se procedió a su extinción, lo que implica la cancelación definitiva del derecho a prestar el servicio de transporte público.
El gobernador Navarro aseguró que se está brindando el acompañamiento legal y social a las personas que fueron víctimas de fraude al haber comprado estas concesiones de buena fe, y que se determinarán los delitos que se configuren de parte de quienes las vendieron de manera ilegal.
Asimismo, indicó que se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para ajustar los sitios de taxis y transporte público en la zona metropolitana de Tepic, con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad de los usuarios.