En cumplimiento de un reciente convenio, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Nayarit iniciaron este miércoles la intercomunicación e intercambio de información en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con sus políticas institucionales, en materia de medidas de protección, medidas cautelares y órdenes de protección, dictadas y ordenadas tanto por el Ministerio Público como por los Jueces competentes de primera instancia.
El objetivo de este convenio es contribuir a consolidar el sistema acusatorio penal y a otorgar el mejor de los servicios a las personas en demanda de justicia en el estado, coincidieron en señalar la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Aracely Avalos Lemus; el Fiscal General del estado, Petronilo Díaz Ponce Abundis, y Jorge Arzubide Dagdug, Coordinador del Programa ConJusticia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que brinda asistencia técnica en la materia.
La magistrada Avalos Lemus destacó que este convenio permitirá fortalecer la coordinación y colaboración entre las instituciones del sistema de justicia penal, así como optimizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles.
Asimismo, expresó su confianza en que este esfuerzo redundará en beneficio de la ciudadanía nayarita, que merece una justicia pronta, expedita y transparente.
Por su parte, el fiscal Díaz Ponce señaló que el intercambio de información facilitará el seguimiento y la evaluación de las medidas de protección, cautelares y órdenes de protección, así como la prevención y la sanción de posibles incumplimientos o violaciones. También resaltó la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas, los imputados y la comunidad en general.
Finalmente, el coordinador Arzubide Dagdug reconoció el compromiso y la voluntad de las autoridades nayaritas para implementar este convenio, que forma parte de las acciones de apoyo y acompañamiento que brinda el Programa ConJusticia de la USAID. Afirmó que este convenio es un ejemplo de buenas prácticas que pueden replicarse en otras entidades federativas, con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia penal en México.
El convenio fue firmado el pasado 30 de mayo en la sede del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con la presencia de representantes de las tres instituciones involucradas. El convenio establece las bases de colaboración y coordinación para el intercambio de información, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación. El convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por acuerdo de las partes.
