La Fiscalía General del estado de Nayarit informa que se han identificado casos en los que personas con conflictos civiles —como préstamos o pagarés impagados— buscan resolverlos fuera de los tribunales, contratando a terceros para realizar “cobros” por su cuenta.
Estas conductas constituyen delitos graves. Cuando se priva de la libertad a una persona para exigir dinero o presionar un pago, se configura el delito de secuestro agravado, con penas que pueden alcanzar hasta 120 años de prisión, tanto para quienes ejecutan el acto como para quienes lo ordenan o financian.
Asimismo, exigir dinero mediante amenazas, intimidación o presión es considerado extorsión, delito sancionado con hasta 20 años de prisión.
La Fiscalía exhorta a la ciudadanía a resolver sus diferencias por las vías legales, acudiendo a las instancias judiciales correspondientes. La justicia por mano propia nunca será justicia; ninguna deuda justifica un delito, ni ninguna razón ampara la violencia.
