VINCULAN A PROCESO A EX FUNCIONARIO DE BADEBA

• La autoridad judicial estableció un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía General del Estado obtuvo auto de vinculación a proceso contra Lázaro “N”, por su presunta participación en la comisión de los delitos de ocupación ilegal de edificios destinados a un servicio público, delito cometido contra servidores públicos, así como desobediencia y resistencia a particulares.

Derivado de los actos de investigación efectuados, se puede precisar que los hechos ocurrieron el pasado mes de junio del presente año, cuando Lázaro “N”, quien fungía como Presidente del Consejo de Agua Potable y Alcantarillado en el poblado Sayulita, efectuó reuniones en distintos domicilios para instigar a pobladores de la zona a tomar las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, siendo el día 15 de junio cuando aproximadamente 150 personas se presentaron a dicha planta de tratamiento, agredieron a policías municipales y estatales que se encontraban resguardando el lugar, derribaron la malla perimetral y se apoderaron de las instalaciones, mismas que hasta esta fecha se encuentran tomadas. También se estableció que integrantes de este grupo bloquearon la carretera federal 200 a la altura del crucero de Sayulita.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente para lo cual se recabaron los elementos de prueba, y derivado de los mismos un Juez concedió una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 2 de noviembre, quedando a disposición de un Juez de Control, quien derivado de la carga probatoria ofrecida por el Ministerio Público dictó auto de vinculación a proceso de Lázaro “N”, por los delitos de ocupación ilegal de edificios destinados a un servicio público, delito cometido contra servidores públicos, así como desobediencia y resistencia a particulares. 

Además la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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