La Corte resolvió que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación en la facturación no se pueden clasificar como delincuencia organizada, pues no atentan contra la seguridad nacional.
Por mayoría de votos, los ministros resolvieron que, por tanto, estas conductas no ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Así, la Corte invalidó la reforma del 2019, promovida por la Presidencia.
Ante esto, será el Ministerio Público quien tenga que solicitar la medida en cada caso particular, sin importar los montos.