Gracias a las gestiones del Gobierno del Estado, elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participan en el curso de Certificación para Instructor Evaluador para Competencias Básicas de la Función Penitenciaria, misma que se lleva cabo en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria Federal (ANAP) con sede en Xalapa, Veracruz.
En la certificación participa el estado de Nayarit, la Ciudad de México, Guerrero, Coahuila, Jalisco, Colima, Querétaro, Aguascalientes y Tlaxcala, donde participan 67 aspirantes, de los cuales 5 representan a Nayarit y buscan reforzar los conocimientos para multiplicar lo aprendido en beneficio de los cuerpos policiacos del estado y municipios.
Esta certificación consta de 7 disciplinas durante un proceso de 55 horas teórico-prácticas y 15 horas de evaluaciones intensivas y en todo momento el proceso es avalado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los instructores participantes por Nayarit son el Licenciado Javier Lujan Espinosa, Licenciado Marcos Alonso Chávez Campos, Licenciado Manuel Eduardo Nacional Andrade, Licenciado Manuel Hernández González y el Licenciado Faustino Alexis López León, mismos que forman parte del Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Seguridad Penitenciria de la Policía Estatal.
De igual forma, participan personal especializado como docentes y evaluadores por parte de la ANAP Federal, mismos que brindan las competencias de Habilidades Docentes, el Uso de la fuerza en el Sistema Penitenciario, Traslado de personas privadas de la libertad, Operación de equipos de radiocomunicación, Armamento y tiro, Acondicionamiento físico y Primer Respondiente.
Esta capacitación es de gran utilidad para replicar a los integrantes de custodia penitenciaria los protocolos de actuación dentro de los Centros de Reinserción del Estado, así como la homologación con el sistema Federal en cuanto a implementación de códigos de emergencia, traslados de personas privadas de la libertad, protocolos del uso de la fuerza dentro de los centros penitenciarios, protocolos de seguridad para ingreso y egresos de objetos y personas, siempre priorizando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
